La modificación de pesos y dimensiones no tiene rigor técnico ni seguridad jurídica, según el Comité Nacional

La modificación de pesos y dimensiones prevista por el Gobierno carece de rigor técnico y de seguridad jurídica. Así de claro lo tienen en el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, organismo que ha respondido al Consejo Superior de Tráfico sobre el contenido del Proyecto de Orden por la que se modifica el Anexo IX del Reglamento General de Vehículos.

El Proyecto de Orden (léalo aquí) fue enviado al Comité para su análisis, si bien el plazo dado para ello se fijó en diez días, un periodo tan reducido que impide, explican desde el máximo organismo de representación del transporte, «entrar en pormenores técnicos» no sin aclarar que sí que ha habido tiempo suficiente para informar negativamente del polémico texto.

Así, tras considerar que una modificación de la normativa de pesos y dimensiones del alcance de la que se pretende «debe hacerse con criterios de rigor técnico y seguridad jurídica, atributos de los que adolece completamente el texto», el Comité añade en su respuesta que «los presupuestos que se prevén para las nuevas dimensiones de los vehículos de transporte por carretera son tan imprecisos y genéricos que admiten todo tipo de interpretaciones, algunas de ellas alarmantes».

Más concretamente, desde el organismo presidido por Ovidio de la Roza se denuncia que no es posible conocer el encaje legal de las autorizaciones que ampararán la circulación de los megatrailers, «considerando que el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos sólo contempla el otorgamiento de autorizaciones especiales para cargas indivisibles», para añadir que «tampoco se conoce cuál va a ser la categoría a la que se va a asignar este tipo de vehículos, a efectos del otorgamiento de tal autorización», lo que lleva a afirmar que «la inseguridad jurídica no puede ser mayor».

Pero la enmienda a la totalidad que hace el Comité Nacional del Proyecto de Orden no se queda aquí ni mucho menos, una vez que se califica de «altamente preocupante que al tiempo que se destacan los importantes beneficios económicos que esta reforma va a suponer para los ‘diversos sectores del empresariado’ que reclaman esta medida, no se haga, sin embargo, mención alguna a estudios técnicos realizados acerca de su incidencia en la seguridad vial«.

Ausencia total de armonización europea

En el análisis del texto enviado desde la DGT al sector del transporte se recuerda también que no existe una normativa europea que regule de manera homogénea y coherente los pesos y dimensiones de los vehículos, «que es lo que el sector lleva años reclamando a la Administración que promueva ante las instituciones europeas».

Así las cosas, la rotunda oposición del Comité Nacional, no tanto ya a que finalmente se aprueben los megacamiones y el incremento a la altura a 4,5 metros, sino de una forma evidente a la estrategia que está siguiendo el Gobierno en relación con este asunto, tampoco deja fuera una referencia a los cargadores, verdaderos defensores de modificar pesos y dimensiones. En este punto, el Comité asegura ser consciente de las «enormes presiones que sobre el Gobierno están realizando determinados sectores de empresas cargadoras«, a las que se acusa de anteponer su interés económico a cualquier otra consideración, «incluído el más elemental sentido común».

Con todo, la respuesta del Comité al Consejo Superior de Tráfico, firmada por Ovidio de la Roza, incluye la disposición a debatir el asunto «con la serenidad que la medida requiere, pero bajo criterios de rigor técnico, seguridad jurídica y un ordenado funcionamiento del mercado de transporte».

«Caso de no atenderse a la opinión del sector, no puede pretenderse que asuma la responsabilidad que la medida comporta», advierten, para cargar la misma tanto sobre el Gobierno como los «diversos sectores del empresariado» cuyos intereses atiende el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en opinión del Comité Nacional.